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Violencia laboral al terreno penal; se eleva el riesgo legal para empresas
Una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación redefine el alcance de la violencia laboral en México y marca un antes y un después para las organizaciones. Conductas que antes se atendían como faltas internas o administrativas ahora pueden derivar en responsabilidades penales, obligando a las empresas a replantear sus estrategias de prevención, cumplimiento y gestión del riesgo.
El criterio emitido por la Suprema Corte en enero de 2025 amplía la noción de violencia en el trabajo al reconocerla como una violación a los derechos humanos cuando es tolerada, ignorada o reproducida desde la propia estructura organizacional.
Prácticas como jornadas excesivas sin compensación, discriminación sistemática, ausencia de protocolos eficaces contra el acoso o la violencia de género dejan de ser fallas operativas para convertirse en posibles contingencias penales que involucran directamente a las empresas y a sus órganos de dirección.
Este cambio jurídico eleva de forma significativa el nivel de exposición legal corporativa. La omisión en la prevención o atención de estas conductas ya no se limita a sanciones laborales, multas administrativas o afectaciones reputacionales. Bajo el nuevo estándar, la responsabilidad puede extenderse desde la persona que comete el acto hasta la organización que no implementa mecanismos efectivos de control, denuncia y corrección, especialmente cuando la violencia se normaliza como parte de la cultura interna.
Ante este escenario, el compliance laboral adquiere un papel central en la gestión de riesgos. Especialistas advierten que ya no basta con contar con políticas escritas o protocolos formales: las empresas deben demostrar que sus programas de cumplimiento funcionan en la práctica.
Esto implica una coordinación estrecha entre Recursos Humanos y las áreas de Cumplimiento, auditorías periódicas para detectar riesgos, capacitación continua en derechos humanos e igualdad, y la aplicación real de medidas correctivas. En el nuevo marco legal, prevenir la violencia laboral deja de ser una buena práctica y se convierte en una obligación estratégica para la sostenibilidad empresarial.