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Empresas mexicanas podrían tener una cuota obligatoria de inclusión laboral
Una nueva iniciativa en el Senado busca reformar la Ley Federal del Trabajo para que al menos el 3% de las plantillas laborales en las empresas esté integrado por personas con discapacidad.
La inclusión laboral podría dejar de ser una buena práctica voluntaria para convertirse en una obligación legal. La senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI) presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el fin de que las empresas mexicanas integren en sus plantillas al menos un 3% de personas con discapacidad.
La propuesta responde a una brecha evidente: aunque la ley prohíbe la discriminación, no exige cuotas mínimas ni protocolos claros de inclusión.
El contexto es contundente. En México existen 8.8 millones de personas con discapacidad, pero solo el 40.6% participa en alguna actividad económica, y menos del 2% de las empresas las contratan.
La iniciativa plantea además ajustes al marco normativo para garantizar condiciones dignas, accesibilidad, seguridad laboral y capacitación continua. También propone obligar a los patrones a informar al sindicato sobre las vacantes que deberán destinarse a este grupo, así como crear protocolos contra la discriminación y mecanismos de ascenso y desarrollo profesional.
Para las áreas de Recursos Humanos, la iniciativa representa un llamado a anticiparse. Más allá del cumplimiento normativo, la inclusión es un factor de competitividad y reputación empresarial. Incorporar talento diverso mejora la innovación, fortalece la cultura organizacional y genera sentido de pertenencia.